Poder Judicial del Edoméx revisará juzgados y oficinas para prevenir corrupción

El Poder Judicial del Estado de México revisará sus procedimientos judiciales y administrativos para identificar riesgos de corrupción, establecer controles y verificar si las medidas adoptadas funcionan. El esquema abarcará al Tribunal Superior de Justicia, al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial.

La aplicación del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción (MOGERIC 3.0) quedó acordada este 4 de noviembre mediante un convenio con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM).

La metodología comprende cinco etapas: identificación de riesgos; evaluación y análisis; priorización y atención; monitoreo y seguimiento, y revisión sistemática para la mejora continua. Permitirá localizar procesos vulnerables, determinar cuáles requieren atención prioritaria y ajustar los controles que resulten insuficientes.

También busca documentar las decisiones y precisar las responsabilidades del personal, de modo que pueda identificarse quién intervino en un procedimiento, cuándo lo hizo y con qué evidencia respaldó su actuación.

El convenio fue firmado en el auditorio Mariano Arizcorreta de los Juzgados Civiles y Familiares de Toluca por Héctor Macedo García, presidente del Tribunal Superior de Justicia; Fernando Díaz Juárez, presidente del Órgano de Administración Judicial, y Víctor Romero Maldonado, secretario técnico de la SESAEMM.

Durante el acto, Macedo García reconoció que la percepción de corrupción representa uno de los problemas que enfrenta la institución. Planteó que recuperar la confianza ciudadana exige acciones verificables en el trabajo cotidiano y convertir los compromisos públicos en medidas permanentes.

El magistrado explicó que la revisión permitirá atender riesgos relacionados con la falta de honestidad, el incumplimiento de responsabilidades y el trato inadecuado a la ciudadanía. Sostuvo que la prevención corresponde a todas las áreas judiciales, además de las instancias encargadas de investigar y sancionar irregularidades.

Reiteró la apertura al escrutinio público y la colaboración con instituciones especializadas para dar seguimiento a cada medida. También llamó al personal a incorporar el modelo a sus labores diarias y asumir la integridad como una responsabilidad del servicio público.

Fernando Díaz Juárez destacó que la administración de justicia comprende tanto la atención y resolución de los asuntos judiciales como el manejo de los recursos públicos, los procedimientos internos y la conducta del personal.

Recordó que el Poder Judicial mexiquense fue el primero del país en implementar una prueba piloto del modelo en diversos juzgados de la entidad. Los resultados de ese ejercicio permitieron introducir ajustes para desarrollar la versión 3.0.

El presidente del Órgano de Administración Judicial sostuvo que la credibilidad de las instituciones judiciales es fundamental para la paz social y el Estado de derecho. Por ello, comprometió el trabajo conjunto con el Sistema Anticorrupción para traducir el convenio en acciones medibles, transparentes y permanentes.

Óscar Bazán Alatorre, presidente del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, explicó que la implementación requiere equipos de trabajo, revisión de procesos y medidas preventivas dentro de las instituciones. Reconoció el acompañamiento de la Secretaría Técnica para concretar esas tareas.

Señaló que dejar constancia de las actuaciones permite comprobar si los controles se cumplen y dar seguimiento a las medidas adoptadas. Para la ciudadanía, agregó, esto puede representar mayor claridad sobre sus trámites y mejores elementos para exigir una atención íntegra, además de brindar certeza al personal judicial que cumple con sus responsabilidades.

Bazán Alatorre subrayó que el propósito es garantizar el respeto a los derechos de las personas y que el acceso a la justicia nunca dependa de un favor, una influencia o un pago indebido. Consideró que la prevención exige coordinación, corresponsabilidad y trabajo sostenido entre los poderes públicos, las instituciones del Sistema Anticorrupción y la sociedad.

En representación de Maricela Reyes Hernández, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, la magistrada Nancy Flores Mendoza destacó la necesidad de identificar áreas vulnerables, revisar responsabilidades, documentar decisiones y establecer controles que permitan anticiparse a las irregularidades.

Aunque los tres órganos judiciales tienen atribuciones distintas, afirmó que comparten el compromiso de contribuir a una justicia confiable. Sostuvo que la aplicación del modelo debe reflejarse en mejores servicios, atención oportuna y transparente, así como en resoluciones apegadas a derecho.

El convenio da continuidad al pronunciamiento de cero tolerancia a la corrupción y al cohecho suscrito por las tres presidencias judiciales el 19 de octubre. Su seguimiento permitirá evaluar si los controles reducen los riesgos detectados y realizar ajustes para mejorar su funcionamiento.

A la firma asistieron el secretario del Trabajo, Norberto Morales Poblete; Liliana Dávalos Ham, auditora superior de Fiscalización del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México; Luis Eduardo Gómez García, magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, y Rodrigo Archundia Barrientos, fiscal especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de Justicia estatal.

También acudió Carla Itzel Sánchez Bautista, coordinadora de Políticas Transversales y Gobernabilidad, en representación del secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, así como integrantes de los órganos de administración y disciplina judicial, magistradas y magistrados, diputaciones de la LXII Legislatura, presidencias municipales, representantes de comités de participación ciudadana, integrantes de los sistemas municipales anticorrupción y personas servidoras públicas.