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PAN exige destituir a Daniel Serrano y anuncia seis denuncias por operativo contra función infantil

El PAN anunció seis denuncias por presuntos abusos durante el operativo contra una función infantil en Cuautitlán Izcalli; el Ayuntamiento defendió que faltaban permisos.

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN, diputados locales y la dirigencia estatal del partido exigieron la destitución de Daniel Serrano Palacios, presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, tras denunciar un operativo policiaco para impedir una representación teatral dirigida a niñas y niños en el fraccionamiento San Antonio.

En conferencia de prensa, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres informó de seis denuncias por los hechos ocurridos el 2 de noviembre, relacionados con presunto abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y privación ilegal de la libertad. Los señalamientos involucran al alcalde, a la comisaria de Seguridad Ciudadana, a tres funcionarios de Desarrollo Económico y a quienes resulten responsables. 

Según los testimonios recabados por el partido, el despliegue incluyó aproximadamente 150 elementos armados, 35 patrullas, unidades tácticas y personal de la Guardia Nacional. El PAN pidió una investigación inmediata, independiente y exhaustiva para esclarecer la actuación de las corporaciones participantes.

Felipe Torres aseguró que la función fue solicitada por habitantes mediante un documento respaldado por más de 300 firmas, fechado el 26 de octubre, y que formaba parte de una serie de 12 presentaciones culturales en distintas comunidades. Sostuvo que notificaron previamente al Ayuntamiento, pero no recibieron respuesta. 

De acuerdo con las denuncias referidas por el partido, los agentes ingresaron a espacios de convivencia familiar, empujaron a vecinos, retiraron por la fuerza mobiliario y utilería, y detuvieron a colaboradores sin informarles debidamente los motivos. La legisladora agregó que integrantes de su equipo fueron trasladados al juzgado cívico.

El coordinador de la bancada panista en el Congreso mexiquense, Pablo Fernández de Cevallos, cuestionó el despliegue de seguridad contra la actividad cultural: “Yo reto al alcalde que haga eso con la delincuencia organizada”.

Por su parte, el dirigente estatal y diputado Anuar Azar Figueroa reiteró la exigencia de destituir a Serrano. Informó de acciones ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión de Derechos Humanos estatal, y anunció que también acudirían a la Contraloría del Poder Legislativo.

“Cero tolerancia a la agresión, cero tolerancia a tratar de amedrentar a los opositores”, expresó. 

El Comité Ejecutivo Nacional del PAN sostuvo que cualquier revisión de permisos debía realizarse conforme a los procedimientos legales y que una cuestión administrativa no justifica agresiones ni detenciones arbitrarias durante una actividad cultural.

La dirigencia nacional pidió esclarecer las posibles responsabilidades de Serrano Palacios por la actuación de las instituciones de seguridad bajo su gobierno; de Alejandra Penélope Becerra Flores, comisaria de Seguridad Ciudadana, por su presunta participación en la coordinación del operativo; y de Luis Trejo Hernández, a quien señaló por una supuesta intervención en las detenciones.

También exigió que se hagan públicas las órdenes que originaron el despliegue, su fundamento legal, la cadena de mando, el número de elementos participantes y los motivos de las detenciones.

Asimismo, solicitó investigar posibles violaciones a los derechos de las niñas, niños y familias presentes, así como determinar las sanciones administrativas y penales que correspondan.

El PAN cuestionó que se destinaran esos recursos policiales a una actividad infantil mientras, señaló, habitantes de colonias como Infonavit Norte, La Quebrada, La Ferrocarrilera y Jardines de la Hacienda requieren acciones permanentes para prevenir delitos y proteger su patrimonio.

En respuesta, el gobierno de Cuautitlán Izcalli sostuvo que la intervención obedeció a la falta de permisos para ocupar el espacio público y realizar el espectáculo. En un comunicado difundido el 4 de noviembre, precisó que el equipo de la diputada presentó un aviso el 30 de octubre, a las 17:23 horas, pero argumentó que ese documento no equivalía a una autorización ni sustituía los requisitos administrativos y de Protección Civil.

El Ayuntamiento aseguró que previamente había advertido a los organizadores sobre la necesidad de contar con esos permisos y defendió que su actuación buscó verificar el cumplimiento de la normatividad y salvaguardar a los asistentes. Sostuvo que las disposiciones municipales deben aplicarse sin distinciones y que ocupar un cargo público no concede excepciones. 

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