Cultura Impar | INE: la transparencia debe estar por encima de la política

Por José Manuel Rueda Smithers

El INE no es patrimonio de los partidos

Una institución pública no puede convertirse en instrumento de intereses políticos. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad, identificar responsabilidades y exigir que el dinero público se utilice correctamente.

Hay instituciones cuya importancia va mucho más allá de las personas que las dirigen. El Instituto Nacional Electoral (INE) es una de ellas. Su trabajo, su estructura y los recursos que administra tienen una responsabilidad que no pertenece a ningún partido político: garantizar las condiciones para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes.

Por eso, los señalamientos de presunta corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei no deberían reducirse a una disputa entre quienes buscan responsabilizarla y quienes intentan deslindar al proyecto político que la llevó a la presidencia del organismo.

El problema es mucho más amplio.

Las investigaciones sobre posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y manejo de recursos públicos han colocado al INE bajo un escrutinio que no puede resolverse con declaraciones políticas ni con el cambio de una persona.

La Auditoría Superior de la Federación inició una investigación de oficio y el Órgano Interno de Control reportó diversos expedientes relacionados con posibles anomalías. Posteriormente, el propio Instituto presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades.

Es importante no confundir las investigaciones con culpabilidades demostradas. Precisamente por eso deben conocerse sus resultados.

Sin embargo, hay otro asunto que merece atención: la manera en que los actores políticos aprovechan una crisis institucional para acomodar las responsabilidades según sus conveniencias.

Desde el gobierno federal se han expresado argumentos para cuestionar las interpretaciones que vinculan a Taddei con Morena. La oposición, por su parte, encuentra en el escándalo elementos para cuestionar al oficialismo y reclamar responsabilidades. Cada grupo tiene su propia narrativa y sus propios intereses.

Pero ninguna de esas posiciones sustituye una investigación.

Tampoco podemos perder de vista que el INE no funciona exclusivamente desde su Consejo General. Detrás de sus decisiones existe una estructura administrativa, presupuestal y operativa que involucra áreas directivas, contrataciones, proveedores y organismos electorales locales.

Quien conoce y controla los mecanismos internos de una institución de esta naturaleza tiene acceso a decisiones y recursos que deben estar sujetos a vigilancia permanente. No se trata de afirmar que todos sus integrantes actúan indebidamente, sino de reconocer que los controles institucionales deben funcionar independientemente de quién ocupe los cargos.

Aquí aparece una responsabilidad que no puede quedar fuera de la discusión: la de los partidos políticos.

Todos participan de un sistema electoral que requiere recursos públicos, infraestructura y personal especializado. Todos necesitan reglas confiables para competir y todos tienen la obligación de respetar las instituciones que hacen posible esa competencia.

Convertir una denuncia en bandera partidista puede ofrecer ventajas momentáneas, pero no resuelve las fallas que eventualmente puedan existir. Tampoco basta con exigir castigos para los adversarios mientras se guarda silencio frente a las irregularidades propias.

Y en medio de esta disputa está el ciudadano.

Ese ciudadano que financia con sus impuestos el funcionamiento de las instituciones, que acude a votar y que tiene derecho a confiar en que su decisión será respetada. No tiene por qué convertirse en defensor de una expresidenta, de un gobierno o de una dirigencia partidista. Su obligación no es escoger una versión política, sino exigir que los hechos se esclarezcan.

La salida de una persona no garantiza que desaparezcan las prácticas que pudieron originar el problema. Si las investigaciones no alcanzan a quienes autorizaron, supervisaron, ejecutaron o se beneficiaron de posibles irregularidades, el cambio será solamente administrativo.

El INE necesita controles que funcionen, auditorías oportunas, contrataciones transparentes y responsabilidades claramente identificadas. También necesita que sus decisiones no dependan de los intereses de quienes buscan influir en su funcionamiento.

La confianza pública no se hereda ni se impone. Se construye todos los días.

Porque el dinero que administra el INE no pertenece a sus consejeros, ni a Morena, ni a la oposición. Pertenece a los ciudadanos.

Y una institución que pertenece a todos no puede terminar trabajando para los intereses de unos cuantos.