Morena expulsó a Nancy Nápoles Pacheco casi seis meses después de que la alcaldesa de Tenancingo denunciara que había sido secuestrada. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido resolvió cancelar su militancia tras un procedimiento interno abierto en junio. Nápoles puede impugnar la sanción ante la justicia electoral y conserva la presidencia municipal, un cargo de elección popular.
Mientras se conocía la expulsión, integrantes del Colectivo Tenancingo volvieron al Congreso del Estado de México. Pidieron que se investigue el manejo de los recursos municipales y que los diputados intervengan para separar del cargo a la alcaldesa. Su protesta ocurrió seis días después de que el órgano fiscalizador estatal presentó dos auditorías con observaciones a la Cuenta Pública 2025.

La denuncia del 31 de mayo y los 40 millones de pesos
El 31 de mayo, Nancy Nápoles reportó que dos hombres y una mujer la obligaron a subir a un vehículo cuando se encontraba afuera de su domicilio en Tenancingo. Al denunciar los hechos al día siguiente, sostuvo que sus captores le habían exigido 40 millones de pesos y que logró escapar en un descuido. Según su relato, le dijeron que, si no tenía el dinero, lo obtuviera del Ayuntamiento.
En junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentó una versión distinta. Según su investigación, el esposo y un cuñado de la alcaldesa habrían planeado desde febrero simular un secuestro para pedir un rescate con cargo al erario municipal. Uno de los participantes declaró que el propósito era justificar un presunto faltante por esa misma cantidad. La Fiscalía detuvo a tres personas en Oaxaca y obtuvo órdenes de aprehensión contra los dos familiares.
La alcaldesa rechazó la versión del Ministerio Público. Sostuvo que el secuestro sí ocurrió y negó que hubiera un desfalco en el Ayuntamiento.
La Fiscalía la imputó y un juez la vinculó a proceso
En la audiencia iniciada el 9 de julio, la Fiscalía formuló la imputación por simulación de secuestro. Un juez de control vinculó a proceso a Nápoles por ese delito y concedió la suspensión condicional del proceso por seis meses. Entre las condiciones fijadas estuvieron prestar servicio social y presentarse periódicamente a firmar ante el juzgado. La alcaldesa permaneció en libertad y en funciones.
Para entonces, Morena ya había tomado medidas internas. A solicitud de su dirigente nacional, Ariadna Montiel Reyes, la comisión partidaria suspendió provisionalmente los derechos de Nápoles y la separó de la presidencia del Consejo Estatal de Morena en el Edoméx. En septiembre cerró la etapa de instrucción. La expulsión se hizo pública el 18 de noviembre.
Tres protestas y dos auditorías a las cuentas de Tenancingo
El 9 de julio, mientras se celebraba la audiencia, vecinos se manifestaron afuera de los juzgados de Tenancingo. El 12 de agosto llevaron su protesta a la Legislatura, en Toluca, y el 18 de noviembre regresaron para exigir la destitución de la alcaldesa y pedir cuentas sobre las obras, los servicios y los proveedores del municipio.
Javier Calzada, representante del Colectivo Tenancingo, dijo a Edoméx Ahora que la agrupación solicitó reunirse con el diputado Francisco Vázquez y buscará que el Congreso impulse un juicio político. Explicó que decidieron volver tras conocer los resultados de la fiscalización estatal.

El 12 de noviembre, la titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Liliana Dávalos Ham, presentó los resultados de dos auditorías a la Cuenta Pública 2025. La de cumplimiento financiero reportó 37 resultados con presuntas irregularidades, entre ellas pagos de nómina sin documentación suficiente, plazas sin autorización y deficiencias en la comprobación de obras y servicios.
En la auditoría de legalidad, el OSFEM examinó 27 procedimientos de contratación por 18.2 millones de pesos. Encontró expedientes sin estudios de mercado y casos en los que el municipio presentó evidencia insuficiente para acreditar que recibió los bienes o servicios contratados. El Ayuntamiento deberá presentar documentación para aclarar las observaciones. Los 40 millones mencionados en la investigación penal corresponden al monto del presunto faltante que, según la Fiscalía, se habría buscado justificar con el rescate.
¿Qué tendría que ocurrir para que dejara la alcaldía?
La Ley Orgánica Municipal faculta al Congreso mexiquense para suspender o revocar el mandato de integrantes de un ayuntamiento. Para hacerlo, la Legislatura tendría que tramitar el procedimiento, dar a Nápoles oportunidad de presentar pruebas y alegatos y aprobar la medida con el voto de dos terceras partes de sus integrantes.
Entre las causas de revocación, la ley contempla causar daños a la hacienda municipal por el manejo indebido de recursos públicos. La solicitud del Colectivo Tenancingo pone esa decisión en la agenda de los diputados. Para que tenga efectos sobre el cargo, tendría que acreditarse una causa legal y alcanzarse la votación exigida.


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