Un ejercicio coordinado entre congresistas mexiquenses y miembros de la sociedad civil dio origen a nuevos planteamientos en materia legislativa de género: considerar a la violencia de género como una falta administrativa grave, capacitar a las y los ministerios públicos con perspectiva de género y brindar servicios médicos y productos de higiene íntima para garantizar condiciones de igualdad en los derechos sexuales y reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres.
Esos fueron los manifiestos ciudadanos con más respaldo en la Comisión de Igualdad Sustantiva, Diversidad y Política de Género del Secretariado Técnico para la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec).
En tal reunión se favoreció la propuesta para que en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios se tipifique como una falta administrativa grave la violencia de género cometida por servidores públicos y se establezca la inhabilitación de uno a cinco años por negligencia médica reiterada, presentada por Mariana Jiménez Hernández en nombre de Voces Sororas.
La sociedad civil secundó además la propuesta para reformar el artículo 81 Constitucional, planteada por Rocío Fragoso Vázquez, de la asociación Velar por Ti, para exigir la debida diligencia de las y los ministerios públicos certificados en atención de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, lo que abonaría a desaparecer la violencia institucional y la revictimización.
Otra propuesta que recibió gran consenso fue la de la Organización Civil Más Sueños, presentada por Nayeli Arenas Morales, para establecer en la Ley General de Salud estatal que el derecho a la protección de la salud incluya el autocuidado emocional, brindar servicios médicos y productos de higiene personal íntima, y campañas de información y orientación.
En la reunión también recibieron respaldo de la ciudadanía las propuestas relacionadas a sancionar por violencia contra menores de edad, capacitar a padres y madres de familia para lograr el sano desarrollo de menores, hacer obligatorio la terapia psicológica de agresores y se analizaron propuestas para crear el Consejo Mexiquense de la Juventud, garantizar mayor participación de jóvenes en cargos de elección, erradicar la discriminación, prevenir acoso escolar, entre otras.
Cabe señalar que 2020 cerró con un total de 6 mil 153 carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, entre los que destacan ilícitos como abuso y acoso sexual.
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