El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista propuso incrementar de 18 a 25 años de prisión las penalidades a las personas responsables del delito de robo en transporte público en el Estado de México y planteó la necesidad de establecer un seguro de viajero para que se repare el daño a las víctimas.
La propuesta establece propone que concesionarios y permisionarios, junto con la secretaría de Finanzas sean responsables de otorgar el seguro de viajero a usuarios de transporte público víctimas de robo y otorgar el pago de un monto total de mil 500 pesos, en aportación solidaria del 50 por ciento cada uno a quién sea víctima de esos delitos, es decir. 750 pesos cada uno.
La penalidad actual para ese delito es de 12 a 18 años de prisión y multa de uno a tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil días multa y la iniciativa propone sanciones de 18 a 25 años de prisión y multa de tres a cinco veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil 500 días de multa.
La iniciativa de reforma al Código Penal y el Código Administrativo del Estado de México señala que la entidad mexiquense acumula más del 50 por ciento de los asaltos en transporte público del país y la mayor incidencia se registró el año pasado en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre.
Pese a las acciones realizadas hasta el momento esos ilícitos no han disminuido y diariamente golpean a la población.
Ecatepec es el que presenta el mayor número de denuncias, seguido de Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, La Paz, Tultitlán y Valle de Chalco.
Algunas de las rutas consideradas como las más peligrosas para viajar en el transporte público son: Periférico norte y su continuación con la autopista México-Querétaro, la vía Gustavo Baz y su continuación con la vía López Portillo, la autopista de Pachuca en su tramo con la Ciudad de México, las carreteras, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán – Melchor Ocampo, Parada el Horno en la avenida de los maestros, carretera Atizapán – Nicolás Romero, la carretera Naucalpan – Toluca y Valle de Chalco, sobre la carretera México – Puebla.
El nivel de impunidad en esos delitos es muy alta. De acuerdo con la Organización México Evalúa el 99 por ciento de esos ilícitos ni siquiera son investigados y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha señalado que durante 2021 solo 264 personas han sido sentenciadas por robo en el transporte público, lo que refleja una deficiente estrategia de combate y una notoria falla en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
Por ello, la iniciativa también incluye la necesidad de garantizar con el contrato de una aseguradora o depósito de un fondo para los concesionarios y permisionarios el pago del 50 por ciento del seguro de viajero a usuarios del transporte público víctimas del delito de robo.
El Partido Verde también propuso ajustes legales para que los puntos de acuerdo aprobados por la Legislatura se respondan por escrito en un plazo de 30 días, y de 20 días hábiles en caso de que sea de urgente resolución, y su incumplimiento sea sancionable.