No parece casual la salida de Guillermo Calderón Vega de la Dirección General de Educación Superior. Fue él quien presentó la denuncia que dio origen al caso de los 324 «aviadores» en la Secretaría de Educación y hoy deja la administración estatal mientras un expediente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) vuelve a colocar su nombre bajo los reflectores por un presunto daño al erario durante su gestión al frente del CECyTEM. Toda su trayectoria política y administrativa, además, se desarrolló durante los gobiernos priistas.
El origen de la denuncia contra los «aviadores»
El pasado 26 de febrero , cuando se desempeñaba como coordinador de Asuntos Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Educación, Calderón Vega presentó formalmente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) la denuncia por las presuntas irregularidades detectadas en la nómina de la dependencia. La querella se sustentó en información y reportes elaborados por áreas administrativas de la propia Secretaría y dio origen al mayor caso de investigaciones dentro del sector educativo estatal.
Las indagatorias avanzaron hasta alcanzar, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, a 33 exservidores públicos de la administración de Alfredo Del Mazo , quienes hoy son investigados por su presunta participación en la operación de esa red de corrupción.
El nombramiento y la salida
Apenas unas semanas después de presentar esa denuncia, Calderón Vega fue nombrado director general de Educación Superior. Hoy, ya fuera del cargo, el procedimiento de responsabilidad resarcitoria iniciado por la ASF vuelve a colocar bajo escrutinio uno de los antecedentes más relevantes de su trayectoria.
El expediente de la ASF
Se trata del expediente DGRRFMFA/03/2017/12/068 , por un presunto daño al erario federal durante su gestión como director general del CECyTEM. El expediente sostiene que Calderón Vega habría omitido administrar debidamente el patrimonio del organismo, permitiendo presuntamente que ocho trabajadores continuaran recibiendo sueldos y prestaciones después de haber sido dados de baja. La ASF estimó el presunto daño en 107 mil 970 pesos.
El documento corresponde al procedimiento iniciado por la ASF, aunque no acredita, por sí mismo, una resolución definitiva de responsabilidad.
Una trayectoria extensa
No se trata de un funcionario menor. Su trayectoria política y administrativa se extiende por varios sexenios y distintos gobiernos priistas. Fue:
- Diputado local del PRI en la Legislatura mexiquense.
- Vocal ejecutivo del Instituto del Transporte del Estado de México.
- Director general del CECyTEM.
- Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
- Subsecretario de Gobierno.
- Director general de Educación Superior.
Las preguntas que quedan
Más allá del desenlace jurídico de ese procedimiento, la pregunta es si ese antecedente fue conocido y valorado cuando fue designado director general de Educación Superior. También resulta inevitable preguntarse si ese antecedente tuvo alguna relación con su salida de la administración estatal. Hasta ahora no existe una explicación oficial que vincule ambos hechos.
La política anticorrupción impulsada por la gobernadora Delfina Gómez exige que quienes ocupen responsabilidades de primer nivel no solo compartan el proyecto de transformación, sino que cuenten con trayectorias capaces de resistir el escrutinio público. Porque un gobierno que exige cuentas al pasado también está obligado a responder por los antecedentes de quienes elige para combatirlo.
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