Rocha Moya: 33 horas que abrieron la caja de Pandora

Un gobernador acusado formalmente en Estados Unidos regresó al poder después de 112 días de licencia, gobernó apenas 33 horas y volvió a separarse. Entre una salida y otra quedaron interrogantes constitucionales, una ruptura política con Claudia Sheinbaum y una relación de casi tres décadas con Andrés Manuel López Obrador que conduce hacia familiares, funcionarios, empresarios y contratos que merecen ser investigados.

✍🏻 Fernando Flores

Rubén Rocha Moya necesitó al Congreso de Sinaloa para irse.

Pero aparentemente no lo necesitó para regresar.

Y cuando decidió volver a irse, necesitó otra vez al Congreso.

En esa contradicción comienza esta historia.

El 2 de mayo de 2026, el Congreso sinaloense concedió formalmente licencia temporal por más de 30 días a Rocha Moya. La solicitud pasó por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; posteriormente el Legislativo designó a Yeraldine Bonilla Valverde gobernadora interina mediante 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, y finalmente le tomó protesta constitucional.

Hubo procedimiento.

Hubo votación.

Hubo investidura.

Y hubo una gobernadora ejerciendo legítimamente el Poder Ejecutivo.

Ciento doce días después, el viernes 21 de agosto, Rocha decidió regresar.

¿Quién le devolvió el poder?

Ésta es una de las preguntas que hasta ahora no tiene una explicación jurídica suficientemente clara.

Rocha notificó al Congreso su reincorporación y comenzó nuevamente a ejercer como gobernador. Reunió al gabinete y tomó protesta a Yeraldine Bonilla para devolverla a la Secretaría General de Gobierno.

El Congreso sinaloense sostuvo posteriormente que el procedimiento era legal porque la licencia era temporal y bastaba con que el gobernador constitucional notificara su regreso.

Sin embargo, la Constitución estatal establece expresamente el procedimiento para una ausencia superior a 30 días y faculta al Congreso para nombrar gobernador interino.

La pregunta permanece:

¿qué disposición establece que una gubernatura interina creada mediante acuerdo legislativo, votación y protesta constitucional puede extinguirse exclusivamente mediante la voluntad y notificación de quien originalmente solicitó licencia?

Dos días después de que Rocha ya ejercía nuevamente el Poder Ejecutivo, el Congreso se dio formalmente por enterado de su reincorporación y dejó sin efecto los acuerdos 159 y 160 del 2 de mayo, mediante los cuales se habían establecido su licencia y el interinato.

La secuencia importa.

Rocha primero regresó.

El Congreso después formalizó la extinción de los acuerdos.

Hasta el cierre de esta columna no hemos localizado públicamente un acta de entrega-recepción del Poder Ejecutivo entre Yeraldine Bonilla y Rocha correspondiente a esas horas.

No afirmamos que el regreso haya sido ilegal.

Preguntamos cuál fue exactamente su fundamento jurídico.

Un gobernador por 33 horas

El regreso produjo algo que probablemente Rocha no esperaba.

Su propio movimiento se apartó de él.

Morena nacional aseguró que desconocía previamente su decisión. Gobernadores de la llamada Cuarta Transformación cuestionaron su reincorporación. Legisladores oficialistas pidieron que reconsiderara.

Y Claudia Sheinbaum terminó siendo todavía más clara.

La Presidenta calificó el regreso como imprudente y señaló que no le parecía pertinente.

Apenas unas 33 horas después de haber recuperado el poder, Rocha volvió a solicitar licencia.

Esta vez regresó al mismo procedimiento institucional utilizado originalmente.

Presentó una solicitud al Congreso.

La Diputación Permanente la aprobó por unanimidad.

El expediente pasó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

Y deberá existir nuevamente dictamen, designación de gobernador interino y toma de protesta.

La comparación resulta inevitable:

Para irse, Congreso.

Para regresar, notificación.

Para volver a irse, nuevamente Congreso.

¿Por qué?

Temporal en el documento; definitiva desde Palacio Nacional

Existe además otra contradicción.

Rocha solicitó formalmente una licencia temporal con carácter indefinido y por más de 30 días.

No presentó una renuncia.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum declaró este lunes que la licencia es “definitiva” y planteó que quien resulte designado gobernador interino permanezca hasta concluir el periodo constitucional en 2027.

En términos políticos, el mensaje parece inequívoco:

Rocha no regresará.

Pero jurídicamente queda otra pregunta: si la licencia es temporal e indefinida, ¿mediante qué figura se garantizará que el gobernador interino permanezca hasta concluir el sexenio?

El Congreso tendrá que responderla.

Estados Unidos no está especulando: existe una acusación formal

El problema de Rocha no nació con estas 33 horas.

El 30 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación penal contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.

Los fiscales estadounidenses los acusan de delitos relacionados con narcotráfico y armas y sostienen que integrantes del gobierno sinaloense habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos.

Son acusaciones.

No son una sentencia.

Rocha tiene derecho a la presunción de inocencia.

Pero tampoco pueden reducirse a rumores, columnas periodísticas o ataques partidistas: existe un expediente judicial estadounidense.

En México, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones relacionadas con el caso.

Por eso resulta difícil entender que Rocha justificara su regreso argumentando que no existían elementos en su contra como si el expediente estuviera definitivamente cerrado.

No lo está.

¿De qué protegían a Rocha?

Durante su primera licencia ocurrió además algo extraordinario.

El Gobierno federal mantuvo a Rocha bajo protección de la Guardia Nacional.

Omar García Harfuch reconoció públicamente que Rocha no había solicitado esa protección y que fue producto de una recomendación gubernamental.

Pero también informó que no existía una amenaza concreta conocida contra él.

Y nuevamente aparece una pregunta elemental:

¿De qué protegía el Estado mexicano a Rubén Rocha Moya?

No afirmamos que la protección tuviera como propósito impedir una eventual acción estadounidense.

No tenemos elementos suficientes para hacerlo.

Pero sí existe un interés público evidente en conocer quién ordenó el dispositivo, qué evaluación de riesgo lo justificó, cuántos elementos fueron destinados, durante cuánto tiempo y cuánto costó a los ciudadanos.

Especialmente cuando quien recibía esa protección estaba separado del cargo y enfrentaba una acusación penal en Estados Unidos.

Una amistad que comenzó mucho antes de Morena

Para comprender por qué el caso Rocha tiene dimensiones nacionales hay que retroceder casi tres décadas.

La relación entre Rubén Rocha Moya y Andrés Manuel López Obrador no comenzó con Morena ni cuando uno llegó a Palacio Nacional y el otro al gobierno de Sinaloa.

Rocha ha reconocido públicamente que mantiene amistad con López Obrador desde 1998.

Entonces López Obrador dirigía nacionalmente al PRD y Rocha fue candidato a gobernador de Sinaloa.

Perdió aquella elección.

Pero nació una relación política que atravesó partidos, campañas y décadas.

En 2018, López Obrador respaldó abiertamente a Rocha como candidato al Senado.

En 2021, Rocha llegó finalmente a la gubernatura bajo las siglas de Morena.

Y durante el gobierno de López Obrador recibió reiteradamente respaldo político del entonces Presidente, incluso cuando comenzaron a aparecer cuestionamientos alrededor de su administración.

Por eso el silencio actual de López Obrador resulta políticamente significativo, aunque no constituye prueba de intervención alguna.

Claudia Sheinbaum negó este lunes haber hablado con el expresidente sobre la licencia de Rocha y calificó las versiones sobre una intervención de López Obrador como “política ficción”.

Esa negativa también forma parte del expediente.

De los padres a los hijos

Y aquí comienza una segunda historia.

Porque las relaciones alrededor de ambos grupos familiares no terminaron necesariamente con López Obrador y Rocha.

Investigaciones periodísticas han señalado desde años atrás relaciones entre personas cercanas a los hijos del expresidente y miembros de la familia Rocha.

Uno de los nombres que aparece como punto de contacto es Amílcar Olán, empresario ampliamente identificado en investigaciones periodísticas por su amistad con hijos de López Obrador y que también ha sido relacionado con integrantes de la familia Rocha.

Por otra parte, Rubén y Ricardo Rocha Ruiz, hijos del gobernador, aparecen vinculados a una red de empresas que ha recibido contratos públicos.

Investigaciones recientes han situado el monto acumulado de contratos relacionados con empresas de ese entorno por encima de los 600 millones de pesos.

Eso tampoco demuestra por sí mismo la comisión de un delito.

Obtener contratos gubernamentales no constituye automáticamente corrupción.

Lo periodísticamente relevante consiste en determinar cómo fueron adjudicados, quiénes participaron, cuáles fueron los montos, qué funcionarios intervinieron y qué relaciones personales o empresariales existían entre beneficiarios y servidores públicos.

Un personaje entre Sinaloa y los López Beltrán

Existe además otro nombre que merece investigación: Enrique Díaz Vega.

Fue secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Rocha y aparece entre los acusados por fiscales estadounidenses.

El periodista Carlos Loret de Mola publicó, atribuyéndolo a fuentes conocedoras de investigaciones, que Díaz Vega habría funcionado como enlace financiero y entregado recursos a Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán.

Es una acusación periodística.

No existe hasta ahora una sentencia que demuestre esos pagos.

Los señalamientos han sido rechazados por los involucrados.

Pero la coincidencia convierte a Díaz Vega en un personaje cuya trayectoria financiera, administrativa y política debe ser examinada.

Porque si una persona perteneciente al primer círculo financiero del gobierno sinaloense aparece simultáneamente en una acusación estadounidense y en versiones periodísticas que lo relacionan con hijos del expresidente, el asunto merece algo más que descalificaciones políticas.

Merece documentos.

Ferrocarriles, contratos y huachicol: el expediente apenas comienza

Y es aquí donde esta columna debe detenerse antes de cometer el mismo error que critica.

Durante los últimos años han aparecido investigaciones y acusaciones alrededor de personas cercanas a los hijos de López Obrador en obras ferroviarias, contratos gubernamentales, suministro de materiales y, más recientemente, señalamientos relacionados con huachicol fiscal.

También existen investigaciones sobre empresas y contratos relacionados con hijos de Rocha.

Pero poner todos esos casos en una misma oración no demuestra que formen parte de una misma estructura.

Eso es precisamente lo que debe investigarse.

Hay que reconstruir empresas.

Socios.

Accionistas.

Representantes legales.

Contratos.

Montos.

Adjudicaciones.

Funcionarios.

Domicilios.

Fechas.

Y, sobre todo, los personajes que aparecen repetidamente en distintos expedientes.

Si los caminos se cruzan, los documentos deberán demostrarlo.

Si no se cruzan, también habrá que decirlo.

La caja de Pandora

Tal vez por eso las 33 horas de Rubén Rocha Moya resulten mucho más importantes de lo que parecían.

Un gobernador con licencia decidió regresar.

Su partido se deslindó.

La Presidenta manifestó públicamente su desacuerdo.

Gobernadores y legisladores de su propio movimiento cerraron filas.

Y apenas 33 horas después volvió a marcharse.

Ahora Claudia Sheinbaum afirma que esa salida será definitiva.

Mientras tanto, las investigaciones continúan.

Y detrás de Rocha existe una historia política que conduce hasta López Obrador desde 1998; después aparecen hijos, funcionarios, empresarios, contratos y personajes compartidos que merecen ser examinados uno por uno.

No significa que todos formen parte de una trama criminal.

Significa que existen suficientes coincidencias y acusaciones públicas para que el periodismo haga aquello que corresponde:

preguntar, buscar documentos y seguir el dinero.

Al cierre de esta columna, la tarde del lunes 24 de agosto, el Congreso de Sinaloa todavía no había designado formalmente al gobernador o gobernadora interina que deberá sustituir a Rocha. La sesión convocada para esta mañana fue pospuesta hasta nuevo aviso.

Y permanece una pregunta anterior a todas las demás:

si para dejar el poder Rocha necesitó al Congreso y para volver a dejarlo volvió a necesitar al Congreso, ¿por qué para recuperarlo bastaron una carta y 33 horas?

Quizá cuando encontremos esa respuesta comencemos a entender muchas otras.