La verdadera utilidad de la Contraloría ha sido cuestionada durante décadas. Su capacidad para combatir la corrupción de alto nivel siempre ha estado en duda. Lo preocupante es que, después de tres años, el gobierno de Delfina Gómez administra el mismo modelo que prometió transformar.
Durante su comparecencia ante el Congreso mexiquense, la secretaria de la Contraloría, Hilda Salazar Gil, reportó más de 2 mil 400 sanciones administrativas, pero el dato no despeja una pregunta de fondo: ¿cuáles son los grandes casos de corrupción esclarecidos y cuánto dinero público se ha recuperado?
El argumento legal y la responsabilidad política
La funcionaria explicó que su dependencia carece de facultades para sancionar faltas graves. El argumento tiene sustento legal, pero también plantea una responsabilidad política: Morena y sus aliados cuentan con mayoría legislativa para impulsar reformas que fortalezcan el combate a la corrupción. ¿Por qué no han transformado el modelo?
La bandera de la 4T
Si combatir la corrupción es una de las principales banderas de la 4T, no basta con presentar estadísticas ni con explicar límites legales que el propio gobierno ha tenido tiempo de revisar.
Cambiar de partido en el gobierno no significa cambiar de régimen si la corrupción sigue enfrentándose como siempre.
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