La crisis por las contrataciones y los vínculos de Guadalupe Taddei con proveedores abrió un frente en el Estado de México. Ahora también se cuestionan las compras del IEEM. El riesgo es que esos señalamientos se utilicen para desviar la atención de las responsabilidades de Taddei y su grupo.
Del trato personal al negocio público:
La diferencia entre ambos casos importa. El escándalo nacional rebasa la contratación de empresas: Taddei fue exhibida en fiestas y reuniones privadas con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas, lo mismo que la convivencia del empresario con sus hijos y de uno de ellos en una suite de lujo en París junto al contratista, entre otros costosos beneficios para la ex funcionaria electoral y su entorno.
Jesús Octavio García González, identificado como exrepresentante jurídico de Cajas Graf y Corporativo Zeg, fue designado por Taddei como Administrador del INE. A esas conexiones se suman dos frentes de investigación: la UIF indaga presuntas operaciones de simulación de competencia y triangulación de recursos entre empresas proveedoras; la ASF revisa posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés y colusión. Ese cruce entre relaciones personales, familiares, cargos administrativos y negocios públicos constituye el núcleo del escándalo.
Dos organismos, responsabilidades distintas
En lo documentado hasta ahora sobre el IEEM no aparece una relación equivalente entre sus consejeras y esos empresarios. Eso no significa que sus compras queden libres de revisión. Significa que contratar a un mismo proveedor no basta para atribuir a dos instituciones las mismas conductas. El INE y el IEEM son organismos distintos: las reglas técnicas nacionales no sustituyen las decisiones locales sobre adquisiciones ni trasladan automáticamente sus responsabilidades.
La argumentación de Amalia Pulido coloca precisamente ahí una frontera: sostiene que las adquisiciones se han apegado a la legalidad, señala que las consejeras no integran el comité encargado de las compras y que hay pocos proveedores de materiales electorales. El Consejo General también intervino al aprobar el acuerdo de producción de materiales de 2025. Aprobar ese acuerdo y adjudicar un contrato son actos diferentes; cada instancia debe explicar qué decidió y con qué sustento.
Algo semejante ocurre con la justificación de Paula Melgarejo: los plazos de la elección judicial obligaron a contratar directamente para disponer de los insumos a tiempo. La urgencia puede justificar una excepción legal; no sustituye la explicación de cómo se evaluaron las ofertas y se eligieron las mejores condiciones. Que los procedimientos sean públicos y hayan sido revisados por la ASF y el OSFEM debe facilitar respuestas verificables a dudas concretas.
El riesgo de desviar el foco
Pero tampoco debe perderse el sentido político de la discusión. Insistir en que esos proveedores operan desde 1999 y recordar que varias consejeras, como ocurre en otros OPLES, fueron nombradas durante la presidencia de Lorenzo Córdova puede repartir el costo del escándalo hacia otras administraciones. Los antecedentes sirven para ampliar la investigación, no para diluir las responsabilidades que pudieran corresponder a Taddei y sus cercanos. Que los proveedores vengan de antes no absuelve a quienes hicieron negocio después.
La coyuntura podría, además, aprovecharse para debilitar al IEEM, cuya credibilidad debe evaluarse por sus decisiones y por los controles construidos después de la crisis de 2005. A los partidos les conviene contar con un árbitro confiable y respetado, pero la disputa por el poder también puede generar incentivos para desgastarlo. Esa posibilidad merece atención, aunque no permite atribuir intereses concretos ni afirmar una estrategia coordinada sin pruebas.
El IEEM debe responder por sus propios actos y las responsabilidades del caso Taddei deben llevarse hasta sus últimas consecuencias. La exigencia es doble: evitar que los antecedentes históricos funcionen como absolución y que los señalamientos locales se utilicen para desplazar la atención del escándalo nacional. Revisar ambos frentes exige distinguir responsabilidades, no confundirlas.
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